La UCO considera que el exministro del partido popular, Eduardo Zaplana, recibió alrededor de 10.5 millones de euros de la familia Cotino
La familia Cotino siempre ha estado vinculada al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por la adjudicación de jugosos contratos de la Generalitat valenciana, la cual el exdirigente presidió entre 1995 y 2002. A cambio de los cuales ofrecerían «favores» como -concesiones de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y adjudicaciones en el plan eólico valenciano- según concluyen las autoridades de la guardia civil tras examinar el informe de la ‘Operación Erial’.
Las pruebas mas concluyentes radican en unas conversaciones de WhatsApp entre Zaplana y sus cómplices, que se dirigían a este como «jefe», donde se desmantelan dos décadas de corruptelas, sobresueldos, empresas fantasma y cuentas en el extranjero al margen de la ley. Además de conversaciones con su asesor fiscal Fernando Belhot donde expresaba sus problemas para disponer del dinero de origen presuntamente delictivo.
El sumario del ‘Caso Erial’, una investigación llevada a cabo por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, junto con la Fiscalía Anticorrupción, fue la pieza clave que destapó los presuntos sobornos en Luxemburgo y el circuito de blanqueo de dinero en diferentes paraísos fiscales.
Asimismo Zaplana y sus testaferros crearon un complejo entramado de sociedades fantasma y relaciones mercantiles para repatriar a España presuntas comisiones procedentes de la familia Cotino a cambio de los «favores» anteriormente mencionados. Gracias al sumario del caso Erial hoy conocemos las cantidades que Zaplana y su jefe de gabinete Juan Francisco García recibieron de las empresas lmison Internacional, 6.4 y 2.3 millones de euros respectivamente de la cual se hizo responsable Joaquín Barceló «Pachano», un testaferro de Zaplana, figurando así como máximo responsable de esta en la agencia tributaria. Al igual que García que se responsabilizó de la empresa Fénix Investment.
Las supuestas comisiones se abonaron cuando Zaplana ya había dejado la Generalitat y el puesto de ministro de José María Aznar, aunque se mantenía como diputado del PP. Los pagos se hicieron simultáneamente a la venta de los negocios de ITV y energía eólica de la familia Cotino por valor de 86.5 millones de euros.
La UCO concluye con que los sobornos se mantuvieron hasta el año 2011. Y que Zaplana y sus testaferros tuvieron como beneficiarios a su sucesor en la Generalitat a José Luis Olivas. El cual fue descubierto por un misterioso pago de 580.000 euros procedente de la familia Cotino en 2008. Que posteriormente, en 2017 seria condenado a un año y medio en prisión por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
Finalmente la juez dejo en libertad al Zaplana el 7 de febrero, con prohibición de salir de España y la obligación de asistir semanalmente al juzgado, tras bloquearle dos cuentas en Suiza donde presuntamente ocultaba 6.3 millones de euros. Y los 6.7 millones de euros restantes fueron le fueron decomisados en efectivo y bienes inmuebles.
