El polémico informe que pedían PP y Cs pone algunos reparos, pero respalda el proyecto del Gobierno.
El Consejo de Estado expuso este lunes su controvertido informe sobre el real decreto de los fondos europeos. En él aconseja reforzar los mecanismos para controlar el dinero que llegue de la Unión Europea para superar la crisis de la covid-19. El Partido Popular y Ciudadanos cargaron contra Pedro Sánchez por no darlo a conocer hace dos semanas, antes de que el proyecto se aprobará en el Congreso. Esta revelación no es obligatoria, ya que es un informe de carácter consultivo que ese órgano redacta para uso del Ejecutivo, no del Parlamento.
En el informe, el Consejo de Estado muestra su «preocupación» por la eliminación que aplica el Ejecutivo a los mecanismos de control «en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones». Sin embargo, la valoración global que hace del texto es «favorable». Moncloa sostiene que el Gobierno recibió el documento el 21 de diciembre. Esto fue 10 días antes de que aprobara en el Consejo de Ministros el texto definitivo del decreto.
Sánchez logró convalidarlo el 28 de enero en el Congreso con un aliado sorpresa: Vox. Ni ERC ni Cs quisieron apoyar al PSOE, que tuvo que recurrir a la ultraderecha. Elvira Rodríguez, portavoz por parte del PP, defendió su ‘no’ por considerar qué el texto facilitaba la discrecionalidad y la falta de transparencia, «un cóctel letal para el clientelismo y la corrupción».
La UE pondrá a disposición de España 140.000 millones de euros hasta 2026 para ayudar a la recuperación económica provocada por la pandemia. De esta cantidad, 72.000 serán en ayudas directas a fondo perdido. El objetivo del real decreto, según el Ejecutivo, era eliminar los cuellos de botella legales y facilitar la instrucción de los expedientes.
El Consejo de Estado admite que el contexto actual de crisis en España «demanda una cierta modulación de las exigencias derivadas del principio de estabilidad presupuestaria», pero, advierte, que eso no debe «conducir a una eliminación de todos los controles de naturaleza económico-presupuestaria».
El PP asegura que «el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable». Aunque, exige que el Gobierno dé explicaciones en el Congreso por «ocultar» el «demoledor» informe y aprobar un real decreto «para repartir a dedo» el dinero europeo.
