La empresaria alemana asegura ser víctima de amenazas por parte del rey emérito para que no revele “secretos de Estado”.
Corinna Larsen ha anunciado que va a interponer una denuncia contra Juan Carlos I en los tribunales londinenses. La empresaria alemana acusa al rey emérito de haber realizado una campaña de acoso contra ella para evitar que revele «secretos de Estado» que presuntamente conoce.
Dicha acusación no se limita sólo al monarca español. Según el entorno de Corinna, esta extorsión fue llevada a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), más concretamente por su exdirector Félix Sanz Roldán. Según Larsen, este llegó a amenazarla personalmente Gran Bretaña.
Según ha explicado la empresaria, el acoso comenzó en el año 2012 después de que Juan Carlos sufriera el accidente en el safari de Botsuana. En ese momento salió a la luz la relación que ambos mantenían. A partir de ese momento, tanto su casa como su oficina en Mónaco fueron “ocupadas” por una empresa de seguridad del miso país. Según Corinna, desde la empresa le aseguraron que eran medidas para garantizar su seguridad. A pesar de ello, le preguntó sobre esto hechos al entonces Jefe de Estado que le dijo que era Sanz Roldán quien se encargaba de ese asunto.
En mayo de ese mismo año, Larssen asegura que los servicios de inteligencia irrumpieron en su habitación del Hotel Connaught de Londres y amenazaron tanto a ella como a sus hijos de muerte.
La causa del Ave a la Meca
Actualmente ya existe una causa secreta abierta contra Juan Carlos I en Suiza desde 2018, en la que también se encuentra implicada la propia Corinna. Dicha causa comenzó después de que se hiciera pública la grabación que realizó en 2015 el comisario Villarejo a Corinna Larsen sin su consentimiento. En ellas, acusaba al rey emérito de realizar actividades ilegales.
El fiscal especial suizo, Yves Bertossa, descubrió que en 2008 se realizó una transferencia de 100 millones de dólares desde Arabia Saudí a una fundación que se relacionó con el monarca. Según Bertossa, esta cantidad podrían ser una comisión que habría recibido Juan Carlos I por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a empresas españolas. Además, de esos 100 millones de dólares, en 2012 transfirió 65 millones de euros a una cuenta de la empresaria alemana como un “regalo”.
En España, la causa fue archivada al considerar que no había indicios suficientes y debido a la inviolabilidad de la que gozaba cuando se cometieron los presuntos delitos. El rey emérito sólo puede ser juzgado en España por delitos cometidos después de 2014, año en el que abdicó y que acaba su inmunidad.
En cambio, esta inviolabilidad jurídica no tendría efecto en Reino Unido, donde Juan Carlo I podría enfrentarse a juicio teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron allí.
