La inestabilidad política se ha incrementado durante la crisis del coronavirus. Además del eterno debate ideológico en materia económica, la Casa Real no ha pasado inadvertida. El rey emérito, Juan Carlos I, ha vuelto a ser noticia. Los movimientos de capital realizados en su cuenta suiza para sufragar gastos no declarados han salpicado su imagen.
Las alarmas han saltado en la formación de Unidas Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, ha aprovechado esta situación para atizar a la Monarquía. Considera que Felipe VI debe abdicar. El fin es la celebración de un referéndum que ratifique el actual sistema o en su defecto, abra las puertas a una III República.
La postura del vigente presidente del Gobierno, Pedro Sánchez es ligeramente distinta. Ha puesto énfasis en la necesidad de revisar la inviolabilidad del Rey. Mientras tanto, las principales fuerzas liberales y conservadoras, Ciudadanos, PP y VOX, no han dudado en ensalzar la figura de la monarquía en el vigente sistema democrático.
Ambos espectros ideológicos gozan de sendas afirmaciones en sus argumentos. Si la justicia debe ser igual para todos, tiene que afectarle a cualquier persona independientemente de su clase o condición. Pero no cabe duda de que el mayor periodo de estabilidad democrática en España comenzó con la puesta en escena de la actual monarquía constitucional.
Además, Felipe VI renunció a la herencia que le pudiera corresponder de su padre, “así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad y los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada”.
Por tanto, la suma de la positividad de estos argumentos podrían desembocar en una majestuosa solución. Pero es necesario poner radares para captar cuando se usa una causa aparentemente noble para politizar el sentido de la justicia.
Es vozpopuli que Pablo Iglesias se muestra contrario a la monarquía, mientras que ensalza la República, sobre todo la segunda que fue un himno al esperpento de la sociedad española. Además, resulta curioso cómo hay un gran interés en seguir lanzando pestes sobre Juan Carlos I en plenos rebrotes por coronavirus.
Cabe recordar que no es la primera vez que hemos percibido una desviación de atención hacia historias del pasado. Mientras que los medios de comunicación y la sociedad española tenían el ojo en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, los expertos en economía tenían asumido que España iba a experimentar su menor crecimiento en términos de empleo.
Aun así, tampoco podemos tratar como demonio al ala de izquierda y santificar a gran parte de la derecha. Si queremos la igualdad, los jefes del Estado de turno deben predicar con el ejemplo. No obstante, ayuda recordar que todo cambio de ley exige un procedimiento.
La inviolabilidad del monarca exige un procedimiento agravado. Dicho mecanismo consta de unos pocos pasos. No solamente es todo un reto fijar un proyecto de ley que resulte satisfactorio para todos los partidos en los actuales tiempos de crispación.
También debe ser aprobado por 2/3 del Congreso y Senado. Posteriormente, se procederá a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Los mecanismos de la Constitución exigen que existan reformas en las cámaras para aplicar dicha ley. Una vez constituidas, deben aprobarlas 2/3 de las mismas el proyecto de ley. Finalmente, esta nueva ley hay que someterla a referéndum.
Por otro lado, ciñéndonos al hipotético referéndum de Monarquía o República, tocaría ejecutar la normativa pertinente proveniente del procedimiento agravado. Es cierto que la República supone elegir al jefe del Estado cada equis tiempo. Esta circunstancia puede abrazar en mayor medida a la meritocracia.
Pero representa un tufo falaz calificar a la Monarquía como «medieval». No vamos a ceñirnos al tópico de que el pueblo español votó la monarquía a través de Referéndum en 1978. Repasando los últimos cuarenta años, PP y PSOE han ido repartiéndose el poder. Ambas partidos mantienen la lealtad a la Monarquía. Así que, esta forma de gobierno ha ido renovándose en las sucesivas elecciones.
En la misma medida, podemos confirmar que los sucesivos errores de Juan Carlos no han tenido la misma repercusión que en la actualidad. De este modo, queda demostrado que el mayor error en una democracia es blanquear los vicios del poder. Podemos aplicar la misma vara de medición al ensalzamiento de las políticas corruptas de Mario Conde, Jesús Gil o la politización del sector privado durante los años 90.
Sin duda, ha quedado demostrado que estamos sufriendo las consecuencias de paupérrimas cosechas anteriores. Tomando este argumento al pie de la letra, no hay mal que por bien no venga. Estos tiempos complicados pueden llevar a la construcción de una sociedad en la que prime la cultura de la concordia.
