Castilla-La Mancha destinará más de 300.000 euros para cubrir la asistencia social de mujeres víctimas de explotación sexual.
El Gobierno de Castilla-La Mancha publicará mañana un Decreto para atender a mujeres víctimas de explotación sexual, en contexto de prostitución y/o víctimas de trata. Estas mujeres se encuentran en una situación de extrema necesidad, especialmente tras la crisis del Covid.
El Gobierno regional destinará más de 300.000 euros a esta causa. “Estamos hablando de mujeres en una situación de gran vulnerabilidad a las que el confinamiento ha afectado muy duramente. Unas han visto como crecía su deuda y con ello su dependencia de las redes que las explotan; otras han sido expulsadas de sus lugares de residencia y también se han detectado situaciones de carencia de recursos para atender las necesidades más elementales”, ha destacado la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández.
El Decreto se aplicará con carácter retroactivo, desde el 1 de junio. Consiste en la intervención de la administración regional para proporcionar información y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral a las mujeres víctimas de explotación sexual. De igual modo, la norma prevé que se les proporcione herramientas y redes de apoyo para ayudarles a salir de la situación de explotación en la que se encuentran. Para ello, se les garantizará el acceso a productos de primera necesidad y cubrirá sus necesidades básicas. El Decreto también contempla el trabajo para la detección de posibles casos de víctimas de trata y explotación sexual.
Las subvenciones para cubrir estas actuaciones recaerán en entidades especializadas. Estas son: Médicos del Mundo, Asociación In Género, Fundación Cruz Blanca, APLEC Inclusión + Igualdad y Fundación Atenea. Con estas asociaciones ha mantenido hoy una reunión la consejera de Igualdad, destacando “su gran experiencia”, además de con la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado. A lo largo de la videoconferencia, se ha analizado conjuntamente el contenido del Decreto y su aplicación efectiva, colaborando con los servicios sociales y las Delegaciones de Igualdad.