Protestas masivas alrededor de toda España. Desde Galicia a Canarias, millones de pensionistas salieron a las calles para protestar en contra de la subida del 0,25 impuesto por el Gobierno central
Ahora, hay buenas nuevas. Según algunos técnicos del Ministerio de Hacienda, el 37% de quienes perciben este tipo de ayuda, definida por el Diccionario de la Real Academia Española como la «cantidad periódica que la seguridad social paga a razón de jubilación […]»; no están exentos de la deducción sobre el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas o IRPF.
Los técnicos advierten de que esta novedad viene con límites. La deducción del IRPF ingresada por los pensionistas radicaría sólo en aquellos que «cumplan una cierta edad». Montoro se refiere a personas «con edades muy avanzadas», pero no quiso especificar.
Otra de las barreras radica en los ingresos. Ahí entran en juego quienes perciben más de doce mil euros, «umbral desde el que se empieza a tributar». También aquellos que obtienen rentas distintas como puede ser el capital empresarial.
Esto haría que más de seis millones de pensionistas estén exentos del pago, «al percibir pensiones por debajo de los doce mil euros anuales». Las estimaciones de Gestha informan de que esto afectaría a Canarias, Castilla La Mancha y Extremadura; beneficiando a otras comunidades como Madrid o Catalunya.
Esto topa con los datos manejados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en manos de Fátima Báñez. Se afirma que la pensión media es de casi 1.080 euros al mes. Sindicatos como Unión General de los Trabajadores (UGT) denuncian pensiones de apenas 600 euros. De ahí, las movilizaciones de la semana pasada.
Lo más llamativo de estas cifras es la brecha salarial. Un techo de cristal que hace que los hombres pensionistas perciban, aproximadamente, 795,75 euros más que las mujeres.
La meta de Montoro: la aprobación de los Presupuestos para este 2018. Por otro lado, amainar tensiones con los colectivos proactivos. El Gobierno lleva a cabo medidas similares para estos fines políticos. Sin embargo, en el Congreso, la oposición reclama el rechazo a la reforma de 2013.
