Un juez de lo Contencioso-Administrativo ha declarado nula la venta de 3.000 viviendas del Ivima a un fondo de inversión.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 29 de Madrid, manifiesta que la nulidad, declarada en mayo de 2018 de la venta de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión, Azora Gestión, afecta a todos los inmuebles, y no solo al vecino de Navalcarnero que acudió a los tribunales.
De esta manera, la sentencia declarada alcanza una anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones, y con ello, la totalidad de los inmuebles que las integran. Asimismo, el juez requiere a Azora Gestión y Encasa Cibeles a que se abstengan.
También, se requiere a la Agencia de la Vivienda Social, que en un plazo de diez días, solicite la anulación de la ventas de todas las fincas de las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada. El juez, rechaza requerir a Azora Gestion y Encasa Cibeles a que, la Agencia Social de la Vivienda no tome posesión de los inmuebles y se abstengan de cualquier desahucio.
La resolución, señala que, no puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales, ya que muchas familias se quedarán en precariedad social, debido a la crisis por el Covid-19. Si esto les sucediera, tendrán que acudir a la Comunidad de Madrid en busca de las ayudas y beneficios de alquiler, según cada situación de vulnerabilidad social.
La Comunidad de Madrid no ha recibido notificación
La Consejería de Vivienda ha asegurado a Europa Press que todavía no han recibido ninguna notificación sobre este fallo y que cuando se reciba interpondrán un recurso ante esta decisión.
Por otro lado, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que inicie la recuperación de las 3.000 viviendas vendidas.
La portavoz de la Asociación, Montse González, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que cumpla con los autos de los tribunales e inicié los trámites para recuperar los pisos y los derechos como adjudicadores de vivienda pública protegida, que perdieron en 2013.
El presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, ha confesado aunque la Comunidad de Madrid puede presentar un escrito de apelación, es poco probable que salga adelante, situándoles en uno de los casos más vergonzosos de nuestra historia reciente.
También, ha manifestado que, los tribunales les han dado la razón, y por ello, exigen al Gobierno regional poder negociar para recuperar las viviendas y locales malvendidos, y a su vez, compensar a las miles de familias afectadas, consiguiendo de esta forma, velar por los intereses y derechos como madrileños y madrileñas beneficiarios de vivienda pública.
