La Comunidad de Madrid ha privatizado el servicio de seguimiento y rastreo de casos de Covid-19 a través de un procedimiento de emergencia.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó el pasado viernes un contrato para llevar a cabo las labores de rastreo al grupo Quirón. Para esto usó un procedimiento de emergencia, es decir, el Ejecutivo escogió la empresa sin concurso público. Este contrato es por valor de 194.223 euros y con una duración de tres meses. El equipo contratado está compuesto por 20 auxiliares de enfermería y dos médicos, que trabajarán de lunes a viernes en dos turnos: mañana y tarde.
Esta medida se tomó el viernes a última hora tras una semana llena de polémicas para el Gobierno regional que comenzó la semana pidiendo voluntarios para llevar a cabo esta labor después de que se conociera que en la Comunidad de Madrid había menos de la mitad de los rastreadores necesarios.
Además, en la resolución en la que se hace pública esta adjudicación, la Consejería de Sanidad reconoce que «el tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración». Por ello, justifica que “se hace imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo con experiencia de estas tareas”.
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que “una vez más se demuestra que el único objetivo que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid es adjudicar contratos con total oscurantismo«. La secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa Cuadrado, ha criticado que el Ejecutivo no haya optado por «recursos públicos».
Según informa la Consejería de Sanidad, los trabajadores de Quirón contratados van a recibir una formación del personal de la Dirección General de Salud Pública. El rastreo se llevará a cabo desde las instalaciones de la empresa adjudicataria. Cada día, cada uno de estos trabajadores deberán realizar, “al menos”, entre 190 y 220 encuestas.
