La Comunidad de Madrid va a poner a disposición de las personas con alguna discapacidad facilitadores judiciales, garantizando así su acceso a lugares como una sede judicial o policial.
Ya se empezó a mencionar el tema en febrero del pasado año, pero parece que es ahora cuando el proyecto empieza a materializarse. Y es que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior está desarrollando un proyecto piloto para garantizar todos los derechos jurídicos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
El acceso a las dependencias de la justicia o la policía es un derecho de todas las personas. Sin embargo, para las personas con discapacidad las cosas se vuelven más complicadas. Precisamente por eso, y para minimizar las dificultades al máximo, Madrid, junto a la organización Plena Inclusión, tratará de sacar adelante este proyecto.
La Comunidad de Madrid se convertiría, de esta manera, en la primera Comunidad Autónoma que incluye la figura del facilitador. Además, lleva dos años ofreciendo cursos de formación acerca de la atención requerida por las personas con discapacidad.
¿Quiénes son los facilitadores?
Los facilitadores o asistentes son aquellas personas que velan por la seguridad de la persona discapacitada. Sus funciones incluyen el acompañamiento de estas a las dependencias judiciales o policiales. De esta manera, pueden guiarles y explicarles todo aquello que no entiendan.
Fuentes de la Consejería han asegurado que la presencia de este facilitador será esencial para lograr un “lenguaje de lectura fácil de textos escritos, así como la plena comprensión de comunicaciones orales”.
Enrique López es el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Aseguró que estos facilitadores eran profesionales que ayudarían a “suplir esas limitaciones tanto sensoriales, físicas e intelectuales” de las personas con discapacidad.
Derechos de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad no han visto sus derechos plenamente desarrollados hasta hace apenas unos meses. Fue en 2021 cuando se aprobó la Ley 8/2021, que reconocía a estas personas como sujetos de derecho, sin la necesidad de un tutor que respondiera por ellos en estos casos. Antes sí lo necesitaban, ya que se les consideraba “incapaces” de comprender ciertos aspectos de los procesos judiciales.
Gregorio Saravia, delegado de derechos Humanos y de la Convención de las Naciones Unidas para la Discapacidad del CERMI, aseguró que, si no se les reconocía como capaces de llevar a cabo esa tarea, se estaría produciendo una vulneración de sus derechos.
