El Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, ha recordado al Gobierno español que tiene que responder a la comunicación que hicieron pidiendo una solución a la situación en la Cañada Real, donde se vive «una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales».
«Expresé mis preocupaciones al Gobierno español en una comunicación del 16 de diciembre. De acuerdo con nuestros procedimientos, tienen hasta el 16 de febrero para responder. Espero que den una respuesta satisfactoria en las próximas semanas. Son plenamente conscientes de la urgencia y no pueden ignorar las expectativas que se han creado«, ha subrayado De Schutter en una entrevista concedida a Europa Press.
Para el Relator especial de la ONU sobre extrema pobreza, lo que está ocurriendo en la Cañada Real es «una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales«. Más de 4.000 personas, entre ellas, 1.800 menores, viven desde hace más de tres meses sin suministro eléctrico. «Sin electricidad, las familias no pueden calentar fácilmente sus hogares, y los niños no pueden estudiar: no tienen luz para leer y no tienen acceso a Internet», ha señalado.
Además, ha acogido «con satisfacción» la propuesta del Defensor del Pueblo español, realizada en diciembre de 2020, en la que se pedía “instalar grupos electrógenos para el abastecimiento a la población”. Desde este órgano también se pedía a la Comunidad de Madrid y a la Delegación del Gobierno que “diseñen una estrategia conjunta que permita regularizar el suministro eléctrico y garantizar así el derecho a un suministro eléctrico accesible y legal en tanto estas personas permanezcan en sus hogares”.
Para De Schutter, «la solución alternativa propuesta por las autoridades, que consiste en reubicar a las familias en una nave industrial vacía y en un polideportivo, no es aceptable» porque «esto causaría más traumas a los niños y perturbaría la vida familiar».
Promesas traicionadas
Olivier De Schutter ha concluido que la Unión Europea ha fracasado en su compromiso de reducir la pobreza en 20 millones de personas para el año 2020. «España es representativa de la situación en el conjunto de la UE: grandes expectativas, pero promesas traicionadas».
En concreto, lamenta que España «nunca alcanzó» el objetivo de reducir la pobreza entre 1,4 y 1,5 millones de personas entre 2009 y 2019, sino que «ni siquiera consiguió volver a los niveles de 2008 de personas en riesgo de pobreza».
Así, aunque puntualiza que las tasas de riesgo de pobreza han «mejorado» en los últimos cinco años (28,1% en 2014 y 24,4% en 2019), en términos absolutos, «en 2008 había unos 10,8 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, y en 2019 había 11,8 millones».
En España, «en lugar de reducirse la tasa en 1,4-1,5 millones como se había anunciado, las tasas de personas en riesgo de pobreza o exclusión social aumentaron en 1 millón de personas más», ha indicado.
Sin embargo, y «a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países de la UE, en España hubo un verdadero intento de diseñar la respuesta (el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que se presentará a la Comisión Europea en abril de 2021). Todo basándose en la participación de los interlocutores sociales, a través de la ‘Mesa Social’, así como con el Parlamento y las Comunidades Autónomas.
Si bien, De Schutter puntualiza que «las personas en situación de pobreza siguen pensando que no se les ha consultado lo suficiente». «Esto es una pena, ya que las personas con experiencia directa en la pobreza saben mejor que los responsables de la toma de decisiones cuáles son los obstáculos y qué soluciones podrían beneficiarles más eficazmente», señala.
Ingreso Mínimo Vital
Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) el Relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza cree que «debería ampliar más su cobertura». «El IMV debería ir mucho más allá», ha subrayado. Según ha indicado, ha habido más de un millón de solicitudes de IMV de las que alrededor del 50% han sido rechazadas, la mayoría de ellas por obtener ingresos o tener un patrimonio superior al umbral.
La prestación llegó, hasta el mes de diciembre, a más de 460.000 personas, de las que el 47% son menores, según afirmó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados
Sin embargo, los grupos de lucha contra la pobreza manifiestan una situación muy diferente. La brecha de Internet y la falta de competencias digitales; la escasa transparencia; que las páginas web no se actualizan con regularidad o la falta de información en cuanto a los criterios finales que se tienen en cuenta para las resoluciones son los principales obstáculos a la hora de solicitar el IMV.
A ello se suma que «los regímenes regionales de renta mínima exigen ahora que se solicite primero el IMV, lo que lleva a estar meses sin ninguna ayuda mientras se estudia la solicitud del IMV. Se exige cualquier documentación adicional con muy poca flexibilidad (10 días) y se rechazan trabajos por miedo a que esto pueda repercutir en los cálculos del IMV», ha afirmado.
«Todos estos son obstáculos para que el IMV se convierta en una herramienta realmente eficaz en la lucha contra la pobreza», ha concretado.
