Anticorrupción solicitará a la instrucción que investiga la corrupción del PP madrileño que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes sean imputadas.
El denominado «Caso Púnica» inició en 2014, cuando la Guardia Civil detuvo a 51 personas por estar vinculados en una trama de corrupción que defraudó 250 millones de euros en dos años. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, fue quien dio la orden de iniciar la investigación de dicha trama, que se extendía por Valencia, Murcia y Madrid. Esta gran extensión del caso provocó la apertura de piezas separadas, que actualmente asciende a 16 ramas. La imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes es su último movimiento.
La pieza madrileña es la que ha saltado a la actualidad, debido al paso de la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, el Ministerio Público ha pedido la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid, para que declaren como investigadas en esta rama de la macrocausa de la trama Púnica. Las encargadas de esta actuación han sido las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez, que han presentado el escrito ante el juez Manuel García Castellón. Fuentes judiciales ya han confirmado que estudiarán el escrito antes de tomar una decisión.
El escrito de Fiscalía, que consta de 75 páginas, propone la reorganización del caso, pasando de las 16 ramas actuales a 11, para agilizar el proceso, debido a que este caso debe estar visto para sentencia el 6 de junio de 2020.
La trama Púnica está cerca de su conclusión.
Para pedir la imputación de Esperanza Aguirre, las fiscales se apoyan en el escrito de la UCO, en la que colocan a Esperanza Aguirre en reuniones donde supuestamente se habría negociado la financiación irregular de los populares durante varias campañas electorales. Esto le colocaría en una posición conocedora de las irregularidades, pues el informe indica, además, que su gobierno habría cambiado ciertas leyes para modificar el flujo de las donaciones de la empresa, que acabarían en la «caja B» del PP.
En el caso de Cifuentes, se basan en un informe de la UCO que le acusa de saltarse trámites en la adjudicación de la cafetería de la Comunidad de Madrid. Estos servicios acabaron recalando en el grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. La UCO albergó sospechas acerca de la verdadera puntuación de la oferta del empresario, que mantenía una íntima amistad con Esperanza Aguirre. Esto le permitió concluir a la Guardia Civil que podría haber alguna irregularidad en el proceso adjudicatario.
Finalmente, también han solicitado la declaración del actual presidente del Consejo de Administración de PRISA, Javier Monzón. Monzón fue máximo directivo de INDRA hasta 2015, empresa que habría canalizado pagos en B al PP.
