La Audiencia Nacional ha imputado a las ex presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por su relación con el caso Púnica de corrupción en la capital.
Según Manuel García Castellón, que lleva investigando el caso desde 2014, Aguirre habría supervisado la supuesta caja b del Partido Popular en la comunidad. Por su parte, Cristina Cifuentes habría adjudicado de manera irregular la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, que pertenece al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
Estas imputaciones las solicitó la Fiscalía Anticorrupción hace un mes. Tras hacerse pública esta solicitud, Esperanza Aguirre declaró que podían investigar lo que quisieran.
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012, tendrá que declarar ante el juez el día 18 de octubre, mientras que Cristina Cifuentes, que presidió la comunidad entre 2015 y 2018, lo hará el día uno de octubre.
En el auto de la imputación, el juez afirma que hay indicios de que Aguirre «sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiarán las campañas que ella misma seleccionaba». Sobre estas campañas añade que «iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid».
Aguirre, que hasta el momento había conseguido mantenerse al margen de los escándalos de corrupción que envolvían a sus consejeros, se ve implicada en un caso de corrupción de manera directa.
El magistrado ha citado a otras 40 personas en octubre entre las que se encuentra Javier Monzón, el entonces presidente de Indra y actual presidente del grupo PRISA. Esta ampliación también llega a Manuel Lamela y Juan José Güemes, exconsejeros de la comunidad y la responsable de Comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego.
La causa que investiga la trama de corrupción liderada por Francisco Granados debe estar terminada antes del 6 de junio de 2020.
