Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya, interpela la denuncia tras la negativa del juez de permitir la participación en las votaciones de los políticos fugados de la ley
La cuestión secesionista, que tuvo su punto álgido el 1 de octubre del pasado año, sigue estando presente estos días. La última noticia referente al conflicto catalán llega de parte de Roger Torrent y la denuncia interpuesta en nombre del Parlament al juez Llarena y al Tribunal Supremo por infringir los derechos fundamentales de los diputados presos y en el exilio. Esta acusación nace debido a las dos negaciones que Llarena planteó en cuanto a la posibilidad de investir a Jordi Sánchez como presidente del hemiciclo en abril de este año.
Esta acción judicial se ha ejercido, en palabras del propio Torrent, “en defensa de la dignidad y la autonomía de la institución, de la división de poderes, y los derechos de los diputados y de todos los ciudadanos representados”. La cita recuerda los posibles cargos a los que se les acusa a los demandados: detención ilegal, infracción judicial y transgresión de los derechos fundamentales, como así lo ha expresado en una entrega de premios celebrada ayer jueves en Barcelona.
Con esta denuncia, Roger Torrent hace memoria de Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez o Raül Romeva, políticos presos tras el 1-O, además de los políticos catalanes en el extranjero como Carles Puigdemont o Anna Gabriel.
Ahora bien, hay que remarcar que la denuncia impuesta por Roger Torrent ha sido presentada sin informar a los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya y se ha tornado en una denuncia en lugar de una demanda penal.
¿Quién es el juez Llarena?
Pablo Llarena es magistrado del Tribunal Supremo desde 2016, y desde hace cinco años forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura. Aquí ha esgrimido soluciones políticas al conflicto secesionista que lleva gestándose en Cataluña varios años.
El magistrado es el principal demandado de la denuncia de Roger Torrent en cuanto que el presidente considera que Llarena ha pronunciado “diversas resoluciones injustas en la causa criminal por delito grave”, a diferencia del resto de magistrados imputados en la demanda que simplemente han pronunciado «voto favorable a la resolución por la que se mantuvo la prisión provisional de los diputados”.
