La Universidad Rey Juan Carlos emitió en el día de ayer un comunicado donde anunciaba la suspensión de Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cristina Cifuentes. Por otro lado, el rector en el Consejo de Gobierno de la URJC que se celebró en la mañana de ayer transmitió la posibilidad de quitar el título a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el caso de que se reconozcan las supuestas irregularidades.
Por su parte, la URJC citó que “está fuera de duda la honorabilidad de la inmensa mayoría del profesorado y del personal de administración y servicios de todos los centros de la universidad”. El director de dicho máster ya ha sido suspendido de funciones del Instituto de Derecho Público de la URJC. De hecho, Álvarez Conde no entregó la memoria de actividades, gestión y las cuentas del organismo, información que le ha solicitado por el rector del centro Javier Ramos. A su vez, el rector apeló a la apertura de un conjunto de auditorías sobre las actividades de todas las entidades asociadas a la universidad, como el Instituto de Derecho Público.
El nombre de Álvarez salió a la luz tras que el medio digital Eldiario.es notificara que las notas de Cifuentes habían sido retocadas dos años después de acabar el curso en el que se matriculó. Después de esto, se mostró que al menos dos firmas del acta del trabajo de fin de máster habían sido falsificadas. Asimismo, las dos profesoras de las que procedían las firmas dejaron claro que ese tribunal no existió. Tras la reunión acaecida ayer, 13 de marzo, el Consejo de Gobierno procedió a la suspensión del Procedimiento de Información Reservada.
Álvarez Conde estará apartado de su trabajo durante un máximo de seis meses
Según fuentes del caso, la suspensión implica que el profesor estará apartado de su trabajo durante un máximo de seis meses, cobrando solo su sueldo base de funcionario. Tampoco podrá diseñar la programación y contratación de nuevos cursos del Instituto de Derecho Público, el ente asociado a la universidad que gobernaba desde que él mismo lo fundó, en 2005.
Ramos anunció también la apertura de otro expediente disciplinario a la funcionaria del vicerrectorado Amalia Calonge, supuestamente implicada en el falseamiento de notas del máster de la presidenta autonómica madrileña.